Estas líneas no deben tomarse como rechazo a una iniciativa que tiene como
objetivo combatir el flagelo de la droga; que un concejal lo presente para su
debate es un paso adelante ante tanto silencio político sobre un problema que
en Las Rosas golpea fuerte. Sin embargo, creo necesario hacer algunas
consideraciones sobre este mecanismo que intenta involucrar a la sociedad toda,
luego de décadas de ausencia del Estado, aunque ante hechos de público
conocimiento, equivocado no sería pensar que estuvo presente pero del lado
indebido.
La Ordenanza Nº 1213/2012 presentada por Mario Ramos (PS) fue votada por
mayoría simple en julio pasado. Tras ser reglamenta por el Ejecutivo, días
atrás se instalaron los dos primeros “buzones de la vida” en la Biblioteca
“Domingo F. Sarmiento” y el Club Atlético Almafuerte.
La citada legislación autoriza al municipio a colocarlos con el fin de
recepcionar denuncias anónimas, dándole apertura el primer día hábil de cada
mes ante representantes políticos y dirigentes de las instituciones
seleccionadas. En su Artículo 7º se expresa que “los sobres
deberán ser transportados, por parte del DEM, a los Tribunales Federales de
Rosario”.
Dicho lo anterior, haré algunos comentarios que me generan dudas sobre su
efectividad en el“prevenir actos y hechos delictivos
relacionados con la producción y/o comercialización de estupefacientes”, tal refleja la ordenanza. La primera es si se tiene conocimiento sobre
casos en la provincia que se hayan resuelto con esta modalidad. Intuyendo un
número mínimo, debo decir que en Cañada de Gómez la Justicia actuó sobre un
prostíbulo con muchos años de antigüedad cuando toda la población, y las
personas que por la ruta 9 circulaban, sabían de su existencia. Ramos en su
exposición dijo que esa localidad había recibido 177 cartas (1 dividido 177,
igual a 0.005%)
Más allá del anonimato que permite, algunos conocedores de leyes citan que
se puede violar el derecho de personas inocentes, siguiendo libres por la calle
los involucrados en el negocio.
Durante el tratamiento que tuvo la iniciativa en Casilda, donde finalmente
fue rechazada, los concejales expusieron metáforas llamativas: “esconder un elefante entre los elefantes” o “hacer como la defensa del calamar, arrojando tinta y que en esa
confusión todos estén manchados”.
Poniendo otras letras, no es seguridad y hasta resultaría una estrategia de
los que lucran con la venta de drogas, instalar denuncias falsas para desviar
la atención utilizando recursos de la justicia y la policía principalmente en
perseguir consumidores o los que comercializan entre pequeñas amistades.
Las falsas acusaciones fue un tema central en la discusión del concejo
local. Ernesto Mansilla habló de bromas como las que sufren bomberos y Samco;
Mario Ramos respondió que detectarlas será trabajo del Juzgado interviniente;
Hugo Bonetto agregó que apoyaba el proyecto recordando que los procesos
investigativos requieren de seguimientos, filmaciones y escuchas telefónicas.
Que se haya arribado a estas instancias obedece en gran medida al
descreimiento de la sociedad hacia quienes deben garantizar nuestra seguridad.
Así como por estos días se discuten aumentos de combustibles para mantener
rutas, cuando debería hacerse con los impuestos que ya se pagan mensualmente,
el “Buzón de la vida” solicita al vecino ayudar en la investigación de
ilícitos.
Algunas personas han manifestado que existiría la posibilidad de ser
observadas al colocar la denuncia, suena a “medio mucho” pero tampoco
imposible. Repito, estas ideas son planteadas desde la buena intención de
legisladores o gobernantes locales de turno, pero es el fiel reflejo de que el
Estado argentino en su conjunto sigue haciendo agua en los temas realmente
importantes. El caso Santa Fe es testigo, más allá de algunas acciones posteriores
al “narcogate”, el departamento Belgrano solo
cuenta con cinco oficiales para controlar las seis comunidades. Si, leyó bien,
¡5 para 45 mil habitantes!
Últimos dos comentarios que pienso deben analizarse. Si la intención es que
la población se involucre en los problemas, los que así lo deciden deben tener
alguna cuota de responsabilidad sobre sus actos. Pensando en aquellos que
quieren entorpecer, el depositar un sobre en una urna no deja huella alguna. En
cambio, habilitar una casilla de correo permitirá el anonimato pero con una
instancia que llegada una situación límite la Justicia puede acudir: control de
direcciones de IP.
Finalmente, en Las Rosas nos conocemos todos y pocos pueden no manejar
informaciones o trascendidos sobre el comercio de la droga. Como todo problema
de seguridad, las respuestas que deben darse son políticas, y en consecuencia
de los políticos.
Lo siguiente lo manifiesto con conocimiento de causa ya que me tocó
participar de reuniones donde estos temas se planteaban sin filtros. Entregar
datos a un concejal o funcionarios del ejecutivo debería ser suficiente. Ellos
tienen las armas para solicitar audiencias con ministros si no se confía en la
policía. Recién ahí los políticos locales, que lejos están de ser socios del negocio,
obtendrán protección, no serán perseguidos y podrán dar por cumplida su labor,
por lo menos en este tema.
César Negri
Calle 13 canta muy clarito a los policías malos; a mí entender los
menos: http://www.youtube.com/watch?v=NfNnqVD-x-M
