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miércoles, 19 de diciembre de 2012

Sonría, lo estamos filmando


Hace unos días los medios de comunicación de la ciudad dieron cuenta de una reunión entre Adrián Carletti y Alberto Crossetti; en ese encuentro se anunció la entrega de un aporte económico de 100 mil pesos para la compra de un sistema de vigilancia con cámaras y monitoreo de sus imágenes. Lo que alguna vez definió como “El Gran Hermano” un periódico rosense ya extinguido, parece concretarse. Superada la sorna, aquella y esta, considero debe analizarse el rol de los municipios y la seguridad.

Este método de control, cada vez más “popular” en el país, tuvo su estreno en Las Rosas en mayo de 2009 cuando se colocaron dos equipos en la terminal de ómnibus; meses después los mismos podían verse a través de Internet y por una señal del cable local. Dos años antes se había realizado un Concurso Público de Precios para adquirir el “combo completo”, que finalmente se desestimó por su alto costo. Entre 2010 y 2011, el sistema llegó a trece cámaras y almacenamiento de videos por algo menos de un mes.

En el medio de todo eso, un proyecto de ordenanza ingresó al concejo para obtener una legislación que diera marco legal a la exhibición de las imágenes, pero luego de un corto debate el mismo fue pasado a comisión. A ninguna fuerza política rosense le resultó interesante volver a debatirlo, por lo que perdió estado parlamentario.

¿Deben los municipios hacerse cargo de brindar este servicio para mejorar la seguridad cuando ella es responsabilidad del gobierno provincial? Cuando sobran los recursos, aunque nunca sobran en el Estado, podría considerarse el tema.  Ahora bien, cuando el dinero que ingresa a las arcas municipales alcanza para lo justo o menos de “gastos fijos”, no debería ser prioritario.

La cercanía, el cruzarse todos los días con sus vecinos, llevó a intendentes de ciudades pequeñas a tener que dar respuestas a problemas que no son propios. En la actualidad, por falta de instrucción cívica que confunde los roles de cada poder ejecutivo o porque los jefes comunales han “elevado” el discurso, la población trasmite a estos mandatarios demandas que deberían solucionar los gobiernos Provincial y Nacional.

En otras palabras, con los pocos recursos que se coparticipan a los municipios, estos deben terminar subsidiando con fondos propios a las administraciones socialista y kirchnerista hoy, peronistas y radicales antes. Para este caso por inseguridad; en otros por vivienda, educación, salud, asistencia social, y sigue la lista.

Más allá de lo expuesto, hay una realidad que difícil es cambiarla, por eso las municipalidades deben incorporar estas acciones que son más, o menos, prioritarias según las decisiones políticas que se tomen.

Ante esto, el sistema de vigilancia por cámaras puede cumplir dos roles: prevenir o “curar”, cuando se llega tarde. Su utilización para investigar movimientos de personas y vehículos posterior a un hecho ayuda con un bajo costo, ya que la solo compra de equipos alcanza. En Las Rosas algunos delitos muy menores se resolvieron por revisar el archivo.

Por el contrario, cuando el objetivo es que el robo o acto de vandalismo no se concrete, este servicio resulta imprescindible con monitoreo las 24 horas. Montar esa oficina de control tiene un presupuesto elevado, por lo que si nuestra ciudad así lo elige deberá el Concejo debatir una nueva tasa, de fácil implementación pero con varios ítems a tener en cuenta, por ejemplo los montos por zonas con mayor o menor protección. Es decir, el patrullaje policial abunda en zonas céntricas y estas disponen de cámaras; “los barrios”, bueno, el que vive en “los barrios” lo sabe mejor que nadie.

Para finalizar y más allá de mis comentarios anteriores, no deja de ser buena idea incorporar dicha tecnología y suplir el rol del estado provincial en esto, pero para no cumplir ciento por ciento la frase de “hijo tonto”, la municipalidad bien podría adquirirlos y entregarle a la Comisaría 1º la responsabilidad del control diario, haciendo también su propia copia ante posibles “problemas técnicos”.

César Negri
Una famosa bebida cola lanzó hace tiempo un atractivo spot sobre cámaras de seguridad: http://www.youtube.com/watch?v=5L8dNW2CiO4

miércoles, 12 de diciembre de 2012

A Estado ausente...Buzón de la Vida


Estas líneas no deben tomarse como rechazo a una iniciativa que tiene como objetivo combatir el flagelo de la droga; que un concejal lo presente para su debate es un paso adelante ante tanto silencio político sobre un problema que en Las Rosas golpea fuerte. Sin embargo, creo necesario hacer algunas consideraciones sobre este mecanismo que intenta involucrar a la sociedad toda, luego de décadas de ausencia del Estado, aunque ante hechos de público conocimiento, equivocado no sería pensar que estuvo presente pero del lado indebido.

La Ordenanza Nº 1213/2012 presentada por Mario Ramos (PS) fue votada por mayoría simple en julio pasado. Tras ser reglamenta por el Ejecutivo, días atrás se instalaron los dos primeros “buzones de la vida” en la Biblioteca “Domingo F. Sarmiento” y el Club Atlético Almafuerte.

La citada legislación autoriza al municipio a colocarlos con el fin de recepcionar denuncias anónimas, dándole apertura el primer día hábil de cada mes ante representantes políticos y dirigentes de las instituciones seleccionadas. En su Artículo 7º se expresa que “los sobres deberán ser transportados, por parte del DEM, a los Tribunales Federales de Rosario”.

Dicho lo anterior, haré algunos comentarios que me generan dudas sobre su efectividad en el“prevenir actos y hechos delictivos relacionados con la producción y/o comercialización de estupefacientes”, tal refleja la ordenanza. La primera es si se tiene conocimiento sobre casos en la provincia que se hayan resuelto con esta modalidad. Intuyendo un número mínimo, debo decir que en Cañada de Gómez la Justicia actuó sobre un prostíbulo con muchos años de antigüedad cuando toda la población, y las personas que por la ruta 9 circulaban, sabían de su existencia. Ramos en su exposición dijo que esa localidad había recibido 177 cartas (1 dividido 177, igual a 0.005%)

Más allá del anonimato que permite, algunos conocedores de leyes citan que se puede violar el derecho de personas inocentes, siguiendo libres por la calle los involucrados en el negocio.

Durante el tratamiento que tuvo la iniciativa en Casilda, donde finalmente fue rechazada, los concejales expusieron metáforas llamativas: “esconder un elefante entre los elefantes” o “hacer como la defensa del calamar, arrojando tinta y que en esa confusión todos estén manchados”.

Poniendo otras letras, no es seguridad y hasta resultaría una estrategia de los que lucran con la venta de drogas, instalar denuncias falsas para desviar la atención utilizando recursos de la justicia y la policía principalmente en perseguir consumidores o los que comercializan entre pequeñas amistades.

Las falsas acusaciones fue un tema central en la discusión del concejo local. Ernesto Mansilla habló de bromas como las que sufren bomberos y Samco; Mario Ramos respondió que detectarlas será trabajo del Juzgado interviniente; Hugo Bonetto agregó que apoyaba el proyecto recordando que los procesos investigativos requieren de seguimientos, filmaciones y escuchas telefónicas.

Que se haya arribado a estas instancias obedece en gran medida al descreimiento de la sociedad hacia quienes deben garantizar nuestra seguridad. Así como por estos días se discuten aumentos de combustibles para mantener rutas, cuando debería hacerse con los impuestos que ya se pagan mensualmente, el “Buzón de la vida” solicita al vecino ayudar en la investigación de ilícitos.

Algunas personas han manifestado que existiría la posibilidad de ser observadas al colocar la denuncia, suena a “medio mucho” pero tampoco imposible. Repito, estas ideas son planteadas desde la buena intención de legisladores o gobernantes locales de turno, pero es el fiel reflejo de que el Estado argentino en su conjunto sigue haciendo agua en los temas realmente importantes. El caso Santa Fe es testigo, más allá de algunas acciones posteriores al “narcogate”, el departamento Belgrano solo cuenta con cinco oficiales para controlar las seis comunidades. Si, leyó bien, ¡5 para 45 mil habitantes!

Últimos dos comentarios que pienso deben analizarse. Si la intención es que la población se involucre en los problemas, los que así lo deciden deben tener alguna cuota de responsabilidad sobre sus actos. Pensando en aquellos que quieren entorpecer, el depositar un sobre en una urna no deja huella alguna. En cambio, habilitar una casilla de correo permitirá el anonimato pero con una instancia que llegada una situación límite la Justicia puede acudir: control de direcciones de IP.

Finalmente, en Las Rosas nos conocemos todos y pocos pueden no manejar informaciones o trascendidos sobre el comercio de la droga. Como todo problema de seguridad, las respuestas que deben darse son políticas, y en consecuencia de los políticos.

Lo siguiente lo manifiesto con conocimiento de causa ya que me tocó participar de reuniones donde estos temas se planteaban sin filtros. Entregar datos a un concejal o funcionarios del ejecutivo debería ser suficiente. Ellos tienen las armas para solicitar audiencias con ministros si no se confía en la policía. Recién ahí los políticos locales, que lejos están de ser socios del negocio, obtendrán protección, no serán perseguidos y podrán dar por cumplida su labor, por lo menos en este tema.


César Negri
Calle 13 canta muy clarito a los policías malos; a mí entender los menos: http://www.youtube.com/watch?v=NfNnqVD-x-M