“La Constitución debe respetarse. No a su
reforma” se escucha en los
últimos meses. Como ella debe respetarse, resulta importante memorizar su
Artículo 19: “Las acciones privadas de los hombres que de ningún
modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a terceros, están
solo reservadas a Dios, y exentos de la autoridad de los magistrados”. Como muchos, por conveniencia o
convicción, habían decidido durante décadas leer solo una parte, la Corte
Suprema de Justicia tuvo que fallar en 2009 sobre un tema espinoso. “Insconstitucional” fue la declaración sobre una Ley que
rige desde 1989 y castiga el consumo personal de drogas, ya que “las
decisiones sobre estilos de vida son libres de cada persona”.
Hoy el Congreso Nacional tiene algunos
proyectos que dejan en evidencia el mal funcionamiento del Estado durante
décadas y buscan legislar en consecuencia. El de Aníbal Fernández reconoce en
sus considerando el fracaso de la política criminal que ha invertido más tiempo
en perseguir al consumidor -el más débil en la pirámide-, que a los verdaderos
narcotraficantes, vale decirlo, socios de muchos otros actores del negocio. El
de la diputada Victoria Donda quiere penar a quienes negocian con el tráfico,
eliminando castigos por consumo o tenencia de cualquier tipo de estupefaciente.
Entre ellos se diferencian en que así como el
de la legisladora del FAP, que llevó como candidato a presidente a Hermes
Binner en 2011, solo se definirá exclusivamente sobre consumo y
comercialización, el del verborrágico senador mantiene la “tenencia simple” sin definir el límite
de gramos.
Si nos damos una vuelta por el primer mundo
notaremos que la mayoría de los países europeos no criminaliza al “usuario” con
posesión de pequeñas cantidades. Sí distinguen las drogas débiles y fuertes.
Regresemos al debate para preguntarnos
quiénes se oponen fuertemente a la despenalización. Todos los que lucran con
este “negocio” (alcanza con escuchar a los jueces Otto Crippa García y Laura
Inés Cosidoy sobre convivencia policial); además de la iglesia, que en este
tema sintetiza a muchos vecinos: todos aquellos que se consideran nocivos para
sus estilos de vida, deben transformarlos en enemigos (los homosexuales, las
prostitutas, los drogadictos).
La estrategia preferida por los detractores
para avalar su postura radica en, como mínimo, un desconocimiento de los
proyectos, y como máximo, en una mentira. Se intenta confundir a la sociedad
declarando que con esta ley se permitirá la libre venta, así como quién pone
una despensa o un kiosco. Eso podría ser parte de otra discusión; la de hoy es
simplemente identificar al consumidor con un estilo de vida determinado o como
un enfermo. El Estado poco ha hecho para curarlos, y menos aún para que no
tengan la necesidad de llegar a ese mundo ficticio que lo aleja del real y sus
problemas.
Las condiciones para rehabilitar a los
adictos serán iguales, mejores o peores a las actuales, pero no cambiarán por
esta ley. Ellos dejarán de ser considerados delincuentes, sí lo seguirán siendo
los “dueños del negocio”.
Puedo decirlo desde la lejanía de jamás haber
encendido un porro –lo más parecido fue cigarrillo Marlboro después de una copa
de vino o champagne–. Si usted está en mi misma situación y algún día se le
antoja fumar uno por voluntad propia y sin poner en riesgo la salud de
terceros, ¿considera razonable ser catalogado como “delincuente”? Si sigue
pensando afirmativamente, vuelva al primer párrafo y lea nuevamente el Artículo
19 de la Constitución Nacional.
César Negri
Pato Fontanet escribió en el año 2003
“Imposible”. ¿Imposible realmente? http://www.youtube.com/watch?v=IFTyTVmKNeE
